Els petits estalviadors pateixen una nova onada de phishing

Se ha lanzado un aviso generalizado para alertar de los mensajes falsos se están enviando mediante SMS. Los estafadores introducen un enlace que redirige a una página web fraudulenta que se hace pasar por diferentes entidades financieras e incluso la propia Agencia Tributaria y pide a las víctimas que introduzcan sus datos de tarjeta bancaria, incluso el CCV y el código PIN.

Desde la CUS – Salud + Consumo + Alimentación recuerda que si tenemos la menor duda de que la identidad de la compañía o entidad que contacta con nosotros no debemos descargar ningún fichero adjunto ni clicar en un enlace, sino que primero debemos contactar con el organismo para asegurarnos de la veracidad del mensaje o alertar de la suplantación.

Según los expertos en ciberseguridad, existe un crecimiento de estos fraudes a través de Internet, ya que son fáciles de cometer y difícil de investigar y que generan un dinero sencillo de conseguir para los suplantadores.

El problema legal radica en que si bien en determinadas prácticas los bancos responden de esta situación de engaño, en otras muchas alegan que no son responsables porque existe un artículo en la Ley de Servicios de Pago a Distancia que señala que su responsabilidad queda exenta en los casos en que el cliente actúe con negligencia grave.

En definitiva, si el consumidor da a conocer su contraseña a un tercero se considera negligencia grave, aunque haya sido a través de un engaño, por lo que las entidades financieras trasladan la responsabilidad al consumidor que en muchos casos no tiene otra alternativa que la judicialización de estos fraudes.

Este hecho se agrava en el caso de personas mayores o poco ducha con las herramientas tecnológicas e Internet. Tienen dinero en el banco pero éste funciona casi todo online. Son víctimas adecuadas de estos fraudes financieros. La gente tiende a dar datos por desconocimiento de la procedimiento del fraude.

Muchas de estas demandas terminan en los juzgados de primera instancia generales que dependiendo de la cuantía es un procedimiento ordinario por encima de 6000 euros si es menos es un juicio verbal, aunque suelen tardar entre año y año y medio si el juzgado no tiene muchos expedientes acumulados.