Los pequeños ahorradores sufren una nueva ola de phishing
Fecha: 13-11-2022 - Categoría: Consumo
Se ha lanzado un aviso generalizado para alertar de los mensajes falsos se están enviando a través de SMS. En ellos, los estafadores introducen un enlace que redirige a una página web fraudulenta que se hace pasar por diferentes entidades financieras e inclusos la propia Agencia Tributaria y pide a las víctimas que introduzcan sus datos de tarjeta bancaria, incluso el CCV y el código PIN.
Desde la CUS – Salud + Consumo + Alimentación recuerda que si tenemos la más mínima duda de que la identidad de la compañía o entidad que contacta connostros no debemos descargar ningún archivo adjunto ni clicar en un enlace, sino que primero tenemos que contactar con el organismo para asegurarnos de la veracidad del mensaje o alertar de la suplantación.
Según los expertos en ciberseguridad existe un crecimiento de estos fraudes a través de Internet ya que son fáciles de cometer y difícil de investigar y que generan un dinero sencillo de aconseguir para los suplantadores.
El problema legal radica en que si bien en determinadas prácticas los bancos responden de esa situación de engaño, en muchas otras alegan que no son responsables porque hay un artículo en la Ley de Servicios de Pago a Distancia que señala que su responsabilidad queda exenta en los casos en los que el cliente actúe con negligencia grave.
En definitiva, si el consumidor da a conocer su contraseña a un tercero se considera negligència grave, pese a que haya sido a través de un engaño, con lo cual las entidades financieras trasladan la responsabilidad al consumidor que en muchos casos no tiene otra alternativa que la judicialización de estos fraudes.
Este hecho se agrava en el caso de la gente mayor o que es poco ducha con las herramientas tecnológicas e Internet. Tienen dinero en el banco pero éste funciona casi todo online. Son víctimas adecuadas de estos fraudes financieros. La gente tiende a dar esos datos por desconocimiento de la procedimento del fraude.
Muchas de estas demandas acaban en los juzgados de primera instancia generales que dependiendo de la cuantía es un procedimiento ordinario por encima de 6000 euros si es menos es un juicio verbal, aunque suelen tardar entre un año y año y medio si el juzgado no tiene demasiados expedientes acumulados.
Desde la CUS – Salud + Consumo + Alimentación recuerda que si tenemos la más mínima duda de que la identidad de la compañía o entidad que contacta connostros no debemos descargar ningún archivo adjunto ni clicar en un enlace, sino que primero tenemos que contactar con el organismo para asegurarnos de la veracidad del mensaje o alertar de la suplantación.
Según los expertos en ciberseguridad existe un crecimiento de estos fraudes a través de Internet ya que son fáciles de cometer y difícil de investigar y que generan un dinero sencillo de aconseguir para los suplantadores.
El problema legal radica en que si bien en determinadas prácticas los bancos responden de esa situación de engaño, en muchas otras alegan que no son responsables porque hay un artículo en la Ley de Servicios de Pago a Distancia que señala que su responsabilidad queda exenta en los casos en los que el cliente actúe con negligencia grave.
En definitiva, si el consumidor da a conocer su contraseña a un tercero se considera negligència grave, pese a que haya sido a través de un engaño, con lo cual las entidades financieras trasladan la responsabilidad al consumidor que en muchos casos no tiene otra alternativa que la judicialización de estos fraudes.
Este hecho se agrava en el caso de la gente mayor o que es poco ducha con las herramientas tecnológicas e Internet. Tienen dinero en el banco pero éste funciona casi todo online. Son víctimas adecuadas de estos fraudes financieros. La gente tiende a dar esos datos por desconocimiento de la procedimento del fraude.
Muchas de estas demandas acaban en los juzgados de primera instancia generales que dependiendo de la cuantía es un procedimiento ordinario por encima de 6000 euros si es menos es un juicio verbal, aunque suelen tardar entre un año y año y medio si el juzgado no tiene demasiados expedientes acumulados.
